MODIFICACIONES ACERCA DE LA FORMA DE PUBLICAR PRECIOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Con fecha 20 de enero de 2017, la Secretaria de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción, mediante la Resolución E 51/2017, modifico la forma en la cual deben publicarse los precios, cuando se ofrezcan modalidades de pago al contacto o en un pago, y cuando se ofrezca como modalidad de pago “en cuotas”, obligatorio para todo comercio y/o Empresa que comercialicen servicios o productos, y que ofrezca formas de pago financiadas.

Los aspectos relevantes a tener en cuenta son los siguientes:

  • No puede haber diferencia de precio, cuando se pague al contado, con tarjeta de debito o con tarjeta de crédito en un pago;
  • Cuando se exhiban precios financiados, deberá reflejarse:
  • Precio contado
  • Precio total financiado
  • Anticipo, cantidad y monto de las cuotas
  • Tasa de Interés efectiva Anual
  • Costo total financiero

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Publicado en Derecho Comercial, Derecho Empresario

Modificación normativa de la implementación de la cuenta sueldo

Mediante la Comunicación A 6064/2016 del Banco Central de la Republica Argentina, se dispuso que las entidades habilitadas que posean cajeros automáticos, deberán abrir las cuentas sueldos a solicitud de los empleadores obligados de abonar las remuneraciones a su personal mediante su acreditación en cuenta, en el marco de lo establecido por el art. 214 del Régimen de Contrato de Trabajo, y conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,

Asimismo, también podrán abrirse estas cuentas a solicitud del trabajador, no requiriéndose la intervención del empleador en el proceso de apertura.

En el caso de que el trabajador posea una caja de ahorros, podrá solicitar su transformación en “cuenta sueldo”

El trabajador que se encuentre dentro del marco regulatorio del art. 214 del Regimen de Contrato de Trabajo, podrá designar a su cónyuge o conviviente o a un familiar directo como cotitular de la cuenta, a fin de realizar los movimientos de fondos que se encuentren admitidos y demás operaciones que autorice el titular.

Cualquier duda o ampliacion del presente, estamos a su disposición.

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Proyecto de Ley de Sociedades de Acciones Simplificadas y Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo

En el marco de reactivación de la economía que esta llevando adelante el Gobierno, se anunció el envío al Congreso de la Nación de dos proyectos de ley cuyo objetivo central es apoyar la actividad de los emprendedores en el país.

Concretamente se anuncio que se impulsa un proyecto de Ley para la creación de las sociedades de acciones simplificadas, sociedades que ya son utilizadas en México, Colombia y Chile, entre otros países de la región.

Este proyecto, como ocurre en los países mencionados, procura que la creación de este tipo de sociedades pueda efectuarse en 24 horas, en forma digital, y dentro de dicho plazo pueda obtener su clave fiscal y abrir una cuenta bancaria simplificada. Según trascendió, estas sociedades serán flexibles, no solo en cuanto a su constitución, sino también en cuanto a su funcionamiento, ampliación de capital, y prometen contar con un régimen de emisión de acciones que facilite el ingreso de distintos tipos de inversores. Seguir leyendo

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Breve informe acerca de las facultades disciplinarios del empleador

1- INTRODUCCION

– Las relaciones laborales, cualquiera sea su modalidad otorgan derechos y obligaciones a las partes de las mismas, esto es al empleador como el empleado.

– Frente a situaciones de faltas y/o incumplimientos del empleado, la Ley de Contrato de Trabajo regula el derecho del empleador de aplicar sanciones, posibilidad prevista en el Art. 67 párrafo primero de la LCT que establece que “el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador”

– Sin perjuicio de los requisitos que se mencionarán cabe recordar que no está permitido sancionar al trabajador, modificando el contrato (Art. 69 LCT), ni aplicarle multas ni deducirle o retenerle el monto de su remuneración (Art. 131 LCT).

2- CLASES

– La legislación laboral no determina ni especifica las conductas que impliquen la aplicación de sanciones. Seguir leyendo

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Nuevo Régimen de Promoción del empleo y Prevención del Fraude Laboral

El pasado 2 de junio se sanciono la Ley N° 26.940, -Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral-, la cual tiene como ejes centrales los siguientes aspectos:

  • La creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y
  •  La creación de Regímenes Especiales de Promoción del Empleo Registrado.

(A)Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

Este Registro estará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y en él se incluirán y se harán públicas  las sanciones aplicadas a empleadores por los siguientes organismos, a saber:

(i)            Ministerio de Trabajo de la Nación:

(ii)           Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);

(iii)          Autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

(iv)         Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA);

(v)          Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Las sanciones que se tendrán en cuenta para incluir a empleadores en este registro, serán las siguientes:

(i) falta de inscripción del empleador.

(ii) falta de registración de los trabajadores.

(iii) obstrucción a la labor de inspección.

(iv) incumplimiento de la retención de aportes sobre el total que corresponda.

(v) infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del trabajo Adolescente (Leyes N° 26.390 y N° 26.847).

vi) sentencias condenatorias por infracción a la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley N° 26.364).

Los empleadores sancionados, mientras estén incluidos en el REPSAL, no podrán: Seguir leyendo

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Herramientas frente a los daños provocados por accion u omision del Estado

Las empresas para desarrollar sus actividades, de alguna manera o de otra, conviven con decisiones del Estado, dependen de aprobaciones de distintas reparticiones, y en algunos casos sufren los efectos de aplicaciones de leyes claramente inconstitucionales. Muchas veces alguna de estas situaciones provoca violaciones de derechos constituciones, que se traducen en la imposibilidad de desarrollar sus actividades.
Frente a la gravedad de alguna de las situaciones descriptas, el ordenamiento legal otorga distintas herramientas para que los particulares, y en el caso que nos ocupa las empresas, puedan recurrir a la Justicia para defenderse, y lograr revertir normas y/o disposiciones que impiden la actividad empresarial.

Concretamente, cuando una empresa ve en peligro su actividad, por las demoras del Estado en resolver alguna cuestión pendiente de aprobación, o por la aplicación de una ley que soslaya derechos, estamos frente a la violación del derecho de propiedad y de la libertad de trabajo, entre otros.

Ante esta situación, las empresas pueden recurrir ante la Justicia por dos vías, la del amparo o en su caso, acciones declarativas de fondo, que buscan terminar los efectos abusivos que una demora o acción puedan ocasionar. Seguir leyendo

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Aplicación del cambio oficial para el pago de una deuda pactada en Dólares Estadounidenses

La titular del Juzgado en lo Comercial número 24, María José Gigy Traynor, rechazo aplicar la cotización del dólar paralelo para calcular la cantidad de pesos que debía para el deudor, con motivo de la ejecución de un pagaré pactado en moneda norteamericana, en la cual el acreedor pretendía que el pago en pesos fuera tomando la cotización del dólar paralelo.

El pagaré firmado establecía que la modalidad de pago debía hacerse con billetes norteamericanos “o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor utilizado por el Banco de la Nación al momento del pago”.

El deudor, por su parte, argumentó que si tuviera la obligación de abonar la suma en billetes estadounidenses se vería obligado a delinquir, ya que las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional impiden la adquisición de la moneda para determinadas acciones.

En su resolución, la jueza sostuvo que “corresponde reconocer a los actores el derecho al cobro del capital reclamado (monto originalmente pactado en Dólares Estadounidenses), o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor utilizado por el Banco de la Nación al momento del pago, con más sus intereses que se liquidarán hasta el efectivo pago en equivalente al 8 % anual, desde la fecha de vencimiento del pagaré ejecutado”.

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